Leyes en México en el desamparo

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; 06 de marzo de 2018

Comunicado de prensa conjunto

Leyes en México en el desamparo

Tras la realización del “Foro Detengamos la Militarización. Análisis de la Ley de Seguridad Interior”, diversas organizaciones civiles defensoras de derechos humanos y 87 personas en lo individual presentamos el pasado 02 de febrero de 2018 una demanda de Amparo Indirecto en contra de la Ley de Seguridad Interior (LSI). El recurso fue radicado en el Juzgado Cuarto de Distrito, a cargo del Juez Mario Fernando Gallegos León, del vigésimo circuito, con sede en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Seis días después, el 08 de febrero, el citado Juez declaró improcedente el recurso al interpretar que quienes solicitamos el Amparo No. 127/2018 no nos asiste un interés legítimo por no ser un grupo vulnerable ni formar parte de algún grupo en particular que haya sufrido o sufra el agravio de los efectos de la LSI que se argumentan en la demanda.

En consecuencia, el pasado 15 de febrero, las organizaciones y personas firmantes del Amparo promovimos recurso de queja a fin de dejar sin efecto el acuerdo resuelto por el Juez Mario Gallegos para que se ordene admitir a trámite la demanda de amparo.

Estas acciones legales forman parte de los acuerdos alcanzados en el Foro de Análisis en donde se desprendieron varias propuestas de carácter político para reivindicar la defensa y ejercicio de Derechos Humanos que serían violados tras la implementación de la LSI al otorgar facultades a las Fuerzas Armadas en la realización de tareas de Seguridad Pública y Ciudadana atribuibles a cuerpos civiles de seguridad en el Estado.

En la argumentación del Amparo promovido, las personas defensoras de Derechos Humanos llamamos la atención sobre la flagrante violación de la LSI a la Constitución Mexicana ya que tras las reformas constitucionales de 2011 se debería ponderar el interés legítimo, el principio pro persona y la progresividad e interdependencia de los derechos humanos, mismos que han sido violados en México como lo hemos documentado tras la intervención del Ejército en distintas actuaciones que representan casos de crímenes de lesa humanidad ante instancias Internacionales de Derechos Humanos.

En ese sentido, el pasado 2 de marzo, el Colectivo Seguridad Sin Guerra dejó patente en audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la Ley de Seguridad Interior viola la Constitución y los tratados internacionales; no soluciona los problemas de inseguridad; no contiene contrapesos y controles para supervisar el despliegue militar extraordinario que impulsa; eleva a rango legal una estrategia en materia de seguridad que ha fallado a la largo de la última década; y trastoca la relación cívico militar, dotando de poderes sin contrapesos al sector castrense lo que conlleva un riesgo sustantivo dada la fragilidad institucional de nuestro país.

De manera particular argumentamos que la Ley de Seguridad Interior contraviene diversos artículos de la Constitución Mexicana que amparan el reconocimiento de la conciencia de la identidad indígena que deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas en México (Artículo 2); el respeto a la tierra, territorio y bienes naturales de la nación y de los pueblos originarios (artículo 27); así como los artículos que amparan el derecho al libre tránsito, libertad de expresión, derecho a la información y protección de datos personales, derecho de asociación y protesta social, así como los relativos a garantizar el debido proceso y la seguridad jurídica de las y los ciudadanos; es importante recordar además que ni el Poder Ejecutivo ni la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) deciden por sí mismas ya que las entidades y municipios son encargados de la seguridad pública de carácter civil y en tiempos de paz, los militares deben estar en sus cuarteles y fuera de las poblaciones.

Por si ello fuera poco el Juez Gallegos León, que resolvió desechar el Amparo, ignoró reconocer nuestro legitimo interés y nuestra identidad como Personas Defensoras cuyo mandato está consignado en el marco normativo internacional que México ha suscrito y ratificado en Tratados y Pactos Internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los Derechos Humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará) en el caso especifico de quienes defendemos Derechos Humanos de las Mujeres.

No obstante, sabemos también que la Ley de Seguridad Interior va de la mano de otros acuerdos y pactos políticos y económicos que tienen especial interés en el control social de nuestro territorio; en el caso particular de Chiapas la implementación por decreto de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) tiene por objeto facilitar el despojo de los recursos naturales, energéticos y no renovables que se encuentran en la zona fronteriza de Chiapas y Guatemala.

Este decreto que sí implica la entrega de la economía, la soberanía y la riqueza nacional a Estados Unidos y las empresas multilaterales, no encuentra obstáculos y límites al dejar libres de impuestos a las empresas inversionistas, les otorga excepcionalidad arancelaria, tribunales autónomos e independientes para que puedan adoptar sistemas jurídicos propios dentro de las ZEE.

En ese mismo sentido en distintas ocasiones hemos denunciado que la LSI representa además la continuidad del carácter contrainsurgente del Estado Mexicano para tratar el Conflicto Armado Interno en Chiapas, que entre sus múltiples consecuencias ha dejado a miles de personas desplazadas de manera forzada, ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales, feminicidios, tortura, desaparición forzada, rompimiento del tejido social y la creación de grupos paramilitares que hoy actúan en las regiones Altos, Norte y Selva con impunidad garantizada.

Por todo ello, y pese a que los jueces estén negado el recurso de Amparo, como ciudadanos refrendamos que nuestro derecho está fundado en la Constitución Política denunciando la amenaza individual, colectiva y generalizada que implica el proceso de militarización en el país.

Nuestro interés legítimo no requiere de un derecho subjetivo (como el derecho individual y material y directo), ya que el proceso de militarización que implica la Ley de Seguridad Interna sólo contribuirá a generar más violencia y condiciones para que violaciones a los derechos humanos queden en impunidad.

Finalmente, es de vital importancia que jueces, magistrados y administradores de justicia en los distintos órganos conozcan, lean y atiendan las críticas fundadas a la LSI que han hecho instancias como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH); la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; los relatores especiales de la ONU; rectores de las universidades nacionales; organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch; especialistas en derecho y en seguridad; víctimas de violaciones a derechos humanos; comunidad artística e intelectual; organizaciones, comunidades, colectivos y movimientos; y más de 250,000 personas que enviaron comunicaciones externando su preocupación.

Melel Xojobal, AC

Foro para el Desarrollo Sustentable, AC (FORO)

Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, AC (CDMCH)

Grupo de Mujeres de San Cristóbal Las Casas, AC (COLEM),

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, AC (Frayba)

Movimiento en Defensa de la Tierra, el Territorio y por la Participación y el Reconocimiento de las Mujeres en las Decisiones.

87 personas en lo individual (firmantes del Amparo)

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